Confusión sobre permisos de trabajo y cancelación del TPS genera incertidumbre entre comunidades centroamericanas en el país
Miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) provenientes de El Salvador, Honduras y Nicaragua enfrentan un clima creciente de incertidumbre en Estados Unidos, debido tanto a información confusa sobre permisos de trabajo como a decisiones recientes que afectan la continuidad del programa.
Más de 170,000 salvadoreños dependen actualmente del TPS para vivir y trabajar legalmente en el país. Al mismo tiempo, más de 53,000 personas de Honduras y Nicaragua ya perdieron esta protección migratoria, quedando sin una vía clara para regularizar su estatus.
Muchas de estas personas han vivido entre 20 y 30 años en Estados Unidos, donde han formado familias, criado hijos ciudadanos estadounidenses y contribuido a la economía y a sus comunidades.
Sin embargo, organizaciones comunitarias advierten que miles de familias ahora enfrentan incertidumbre debido a decisiones políticas recientes y a información poco clara publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Según la organización Alianza Americas, el sitio web de USCIS indica que los permisos de trabajo asociados al TPS para El Salvador expiran el 9 de marzo de 2026.
No obstante, el programa TPS para ese país se mantiene vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, y muchos permisos de trabajo pueden extenderse automáticamente hasta esa fecha bajo ciertas condiciones.
El problema, explican defensores de inmigrantes, es que USCIS no ha aclarado de manera suficiente que algunos permisos cuentan con una extensión automática de hasta 540 días mientras las solicitudes de renovación siguen en proceso.
Esta falta de claridad ya ha tenido consecuencias.
De acuerdo con organizaciones que trabajan con beneficiarios del programa, algunos trabajadores han sido despedidos de sus empleos y en otros casos se han revocado licencias de conducir u otros documentos oficiales que dependen de la vigencia del permiso de trabajo.
También existe preocupación de que la confusión pueda aumentar el riesgo de detenciones o acciones migratorias indebidas, al no existir documentos que indiquen claramente la extensión del beneficio.
Ante esta situación, Alianza Americas, junto con el Caucus Hispano del Congreso, realizó recientemente una sesión informativa bicameral en Washington D.C. para explicar a equipos legislativos la situación que enfrentan los beneficiarios de TPS de Centroamérica.
En el panel participaron organizaciones que trabajan directamente con comunidades afectadas, entre ellas Centro Presente, CARECEN DC y el programa Semillas de Resistencia en Florida.
Durante la sesión, Jackey Baiza, beneficiaria de TPS de Honduras, compartió su experiencia tras perder la protección migratoria.
“De un momento a otro mi vida cambió; perdí mi trabajo y mi seguro médico. Mi familia y yo vivimos con el miedo constante de que pueda ser arrestada y separada de las personas que amo”, expresó.
Baiza explicó que llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas dos años de edad, y que el país ha sido su único hogar.
Por su parte, Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, subrayó la urgencia de una solución legislativa permanente.
“La cancelación del TPS para Honduras pone en riesgo a miles de familias que no pueden regresar a un país marcado por la violencia, la fragilidad institucional y la inestabilidad. El Congreso debe actuar con urgencia y aprobar una solución permanente que incluya un camino hacia la residencia.”
Otros líderes comunitarios también insistieron en que el Congreso es el único que puede resolver de forma definitiva la situación de los beneficiarios del programa.
Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN DC, destacó la contribución de estas comunidades durante décadas.
“Las personas con TPS han estado construyendo este país por décadas y merecen ser tratadas con dignidad. Se necesita legislación urgente que les brinde estabilidad y una vía hacia la residencia permanente.”
Por su parte, Yareliz Méndez Zamora, coordinadora de políticas del programa Semillas de Resistencia en Florida, advirtió sobre el impacto que tendría la cancelación del programa para las familias nicaragüenses.
“Muchos beneficiarios de TPS de Nicaragua han vivido más de 25 años en Estados Unidos y están criando hijos ciudadanos estadounidenses. Cancelar el programa significaría separar familias y desestabilizar comunidades enteras.”
Ante la confusión sobre los permisos de trabajo, Alianza Americas y organizaciones comunitarias lanzaron una campaña nacional para informar a los beneficiarios salvadoreños sobre sus derechos y evitar despidos masivos.
Entre las recomendaciones para demostrar autorización de empleo se encuentran:
La carta de recibo enviada por USCIS al recibir la solicitud de renovación
Una copia del aviso del Registro Federal sobre la extensión del TPS
La tarjeta de permiso de trabajo (EAD), incluso si muestra una fecha de vencimiento anterior
Otro problema que agrava la situación es el retraso en el procesamiento de solicitudes. Datos oficiales indican que hasta junio de 2025 solo 9,510 de más de 120,000 solicitantes habían recibido respuesta sobre su renovación de TPS y permisos de trabajo.
Esto significa que más de 117,000 personas aún esperan una decisión de la agencia migratoria.
El gobierno federal deberá decidir sobre el futuro del TPS para El Salvador antes del 7 de julio de 2026, dentro del período legal previo a la expiración del programa el 9 de septiembre de 2026.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes continúan presionando por información clara y una solución legislativa permanente para las decenas de miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos.
“Estas comunidades han dedicado décadas de trabajo y contribución a este país”, señalaron los organizadores del encuentro en Washington. “Una política migratoria justa debe reconocer esa realidad y proteger la dignidad de quienes han hecho de Estados Unidos su hogar”.
