El jefe de policía de Marshalltown explica por qué los departamentos tendrán dificultades con la nueva ley de deportación
A partir del 1 de julio entrará en vigor una ley en Iowa que tipifica como delito que una persona ingrese al estado después de haber sido deportada de los Estados Unidos o de que se le haya negado la entrada. Este “delito” se castiga con hasta dos años de prisión.
La gobernadora Kim Reynolds expresó al respecto: “La Administración Biden no ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y seguridad de los habitantes de Iowa. Quienes entran ilegalmente a nuestro país han infringido la ley, pero Biden se niega a deportarlos. Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”.
El jefe de policía de Marshalltown, Michael Tupper dijo que sabe que las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, pero remarcó que los departamentos tendrán serias dificultades para implementar este nuevo reglamento.
El funcionario explicó que las autoridades estatales no tienen acceso a los recursos necesarios para determinar si una persona se encuentra legalmente en el país; además, reconoció que le preocupa que la ley cause problemas con la comunidad inmigrante.
El jefe de policía afirmó: “Las autoridades locales no están capacitadas ni equipadas para ser el brazo de control de inmigración del gobierno federal. Nuestra misión prioritaria es construir relaciones positivas y productivas con las comunidades a las que servimos”.
Tupper espera que la policía de Iowa reciba orientación antes del 1 de julio sobre cómo hacer cumplir esta nueva y muy controvertida ley.